Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía
Estos días están apareciendo en la prensa noticias que alertan de la escasez de dentistas en la sanidad pública en España. Según un informe aparecido en un medio de comunicación digital, la red pública tiene actualmente algo menos de 1.500 dentistas que, sobre un total de casi 41.000 en activo, representan el 3,6%. Esta red pública ha aumentado un 45% desde los datos de 2018, lo que es un aumento considerable y muy necesario, si bien resulta insuficiente para las necesidades de la población española. El informe pone el foco en el notable desequilibrio entre comunidades, con unos extremos de una tasa de 51 dentistas por millón de habitantes en Cataluña, frente a los 13 de la Comunitat Valenciana. El asunto viene motivado, sin duda, por la preocupación de diversos sectores, como los odontólogos de atención primaria o los sindicatos o asociaciones en defensa de la sanidad pública, de que con la plantilla actual va a ser imposible atender a la demanda que se genere por la ampliación de prestaciones aprobada en 2022, que debe beneficiar a unos 13 millones de personas. La ministra Mónica García ya ha anunciado su intención de dar un impulso más, añadiendo prestaciones para los mayores de 65 años sin haber completado la ampliación anterior, lo que agravaría aún más la escasez de los recursos públicos.
La salud bucodental se mueve por fin en la sanidad pública. Pero como hemos denunciado más de una vez desde estas mismas páginas, lo hace sin una dirección planificada, consensuada y sólida; no mirando a objetivos porque ni siquiera están definidos; y según la política del socio de Gobierno, Sumar, que quiere blindar la provisión sólo pública cuando en odontología sería un error, además de imposible. ¿Cuál es el escenario que prevé el Ministerio de Sanidad para la SBD en el próximo futuro? Nadie lo sabe. La realidad es que se mueve a impulsos. Parece que ahora tuvieran prisa -con todo, benditas sean las prisas- pero no ha acometido la tarea principal que es crear una Dirección de Salud Bucodental que, trabajando con las CCAA, defina los objetivos y la política a seguir en esta área. Y lo mismo en las CCAA, donde la mayoría todavía no dispone de una figura que ejerza de dirección o coordinación de la política sanitaria en este campo. En mi opinión esto merece pararse a pensar, observar el escenario y cambiar de prioridades para dotar a este país, antes que nada, de una dirección organizada.
Porque la SBD se ha convertido en los reinos de taifas de las CCAA. Con las competencias de sanidad transferidas y sin una Dirección que dirija y coordine, no podía ser de otro modo. Según una búsqueda personal contactando con odontólogos de atención primaria de diversas comunidades para saber cómo está la situación, la conclusión es que la implementación de la ampliación de prestaciones va muy despacio, y a diferente ritmo según comunidades. El calendario contemplado en el Plan de 2022 era de imposible cumplimiento, pues debía completarse para el 31 de diciembre del año pasado y, a día de hoy, esas prestaciones se dan solo muy parcialmente o, como en el caso de 0-5 años, todavía están lejos de cumplirse de forma generalizada. Por ejemplo, la SBD para embarazadas está ya protocolizada y en servicio en algunas CCAA -porque ya lo estaba antes- pero en otras todavía no han empezado a dar el servicio (debía completarse el 31 de diciembre de 2022), ni tampoco cuentan con unas directrices que digan qué debe hacer el dentista del centro de salud o el equipo de atención primaria. Se entienden muy bien las quejas de algunos colectivos de odontólogos (Amyts, CSIF, etc.) por lo que es una evidente inoperancia. Según ellos, a la falta de directrices se une que la población desconoce que tiene ese servicio a su disposición y, por lo tanto, no lo utiliza. Habría que decir, que más vale, porque si todos los usuarios con derecho a estas nuevas prestaciones se movilizaran, colapsarían los servicios. De nuevo, falta de planificación, coordinación y dirección organizadas: reinos de taifas. Otro ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde todavía no está organizada la atención a embarazadas ni a 0-5 años, la consejera de salud ha anunciado una partida presupuestaria de 20 millones anuales para prótesis completas y tratamiento de caries a mayores de 80 años. Una cobertura ésta que a mi modo de ver es absolutamente primordial, pero que no está enmarcada en una estrategia definida (ni la comparten otras comunidades). Otro ejemplo, la endodoncia de dientes con caries profunda que el Plan excluye de la cartera de servicios, algunas comunidades ya han dicho que ellos las mantendrán como antes.
Con esta disparidad entre comunidades, no se cumplirá el objetivo número 1 del Plan que dice textualmente: “Homogeneizar las prestaciones de salud bucodental en el territorio nacional, garantizando la equidad en su acceso, independientemente del lugar de residencia” (el subrayado es del propio texto). Ya ocurría con los PADI 6-15 años antes del Plan de 2022, y volverá a ocurrir ahora. Como dice el refrán, una cosa es predicar y otra dar trigo.
