Racionalizar el acceso a los estudios de odontología

Fernando Gutiérrez de Guzmán
Editor Odontólogos de hoy

Cerramos el año como empezamos, o peor quizá, unas veces con buenas palabras que no se plasman en la realidad y otras con anuncios que más parecen amenazas al futuro de esta profesión.

Los problemas con la publicidad sanitaria siguen sin resolverse, buenas palabras, pero seguimos siendo testigos de manipulaciones informativas y publicidades que nos parecen engañosas. Las especialidades ahí siguen, a la espera y por mucho que nos den aquí más que buenas palabras, no se atisba una solución satisfactoria.

Donde ya no hay ni buenas palabras es con el anuncio de nuevas universidades privadas que incluirán la apertura de estudios de grado en odontología. A esto me refiero con las “amenazas”.

Vemos como algunas autonomías, que son las que tienen las competencias, aprueban la creación de nuevas universidades privadas, que en si no es que sea malo, bienvenida sea la oportunidad de ampliar los centros de trasmisión del conocimiento. El problema está en que se está abandonando a la universidad pública, que es la de todos.

       “se está abandonando a la universidad pública, que es la de todos”

La enseñanza y la sanidad deben ser objeto de una especial preocupación por buscar el interés común, por encima de otras consideraciones. La docencia y el ejercicio de las profesiones sanitarias, aún en el espacio privado, exigen una vocación de servicio público por encima de otros intereses que también puedan ser legítimos.

Ampliar la oferta de nuevos graduados en odontología en un país como el nuestro, donde la plétora ha superado cifras tan preocupantes, no creo que tenga encaje en el interés común. Mientras tenemos empleos que no se cubren por falta de personal cualificado y/o titulado, seguimos formando profesionales que no necesitamos.

No es razonable que se permita la proliferación de ofertas de estudios que no tienen espacio en el entorno sociolaboral en que vivimos y que acabarán creando situaciones de frustración para sus egresados y una alteración de la práctica profesional que afectará al conjunto de la sociedad.

La última universidad pública se creó en 1998 y desde entonces, según los datos consultados, en España se han aprobado 31 privadas y están pendientes de aprobación al menos otras diez. Las públicas existentes desde entonces, tampoco han sido objeto de una ampliación, que podría explicar el parón, como muestran sus sucesivos presupuestos.

                  “La última universidad pública se creó en 1998”

El crecimiento de las universidades privadas, por encima de un límite de equilibrio con la pública, puede dar lugar a la exclusión de las personas con menos recursos, dificultando que estas puedan acceder a un nivel de formación superior, lo que también supone una pérdida de talento para el conjunto de la sociedad, además de avocar a la frustración de ellas.

Este menoscabo de la igualdad de oportunidades se manifiesta especialmente a la hora de cursar másteres y otros estudios de postgrado, donde se magnifica la limitación de acceso por razones económicas. Es precisamente en este ámbito de estudios de postgrado donde el crecimiento de oferta de plazas en las universidades privadas es notorio y la desproporción creciente de alumnos de la privada sobre la pública es más preocupante.