Desde nuestro anterior número se han producido muchas noticias en el mundo, pero dos que aparentemente no tienen nada que ver salvo el de haber sido premiados con el Nobel de Física o el de La paz, me animan a escribir estas líneas para encadenarlos con la situación social de nuestra profesión “dentistas”.
El premio Nobel de la Paz 2018 ha recaído en dos personas, en torno a un fenómeno de injusticia social único, pero desde la diferente perspectiva que resulta de ser victima y de la solidaridad con las víctimas, Denis Mukwege y Nadia Murad. Denis Mukwege, un ginecólogo que cura a mujeres violadas en la República Democrática del Congo (RDC), y la activista iraquí de origen yazidi Nadia Murad, de 25 años, exesclava del grupo yihadista Estado Islámico. Ambos, además, fueron ganadores del Premio Sajárov que concede el Parlamento Europeo. El Comité Noruego ha concedido el galardón por la labor de ambos en la lucha contra la violencia sexual.
El premio Nobel de Física era otorgado a tres personas una de ellos, la canadiense Donna Strickland, por su trabajo en allanar el camino hacia «los pulsos de láser más intensos jamás creados por la humanidad», según el comité. Desde 1901 solo tres de los 201 científicos laureados con el Nobel de Física (el 1,5%) han sido mujeres. El premio Nobel en las áreas de ciencias lo han obtenido 17 mujeres, 7 de ellas en este siglo XXI, la primera en obtenerlo en Fisiología y Medicina fue Rosalía Yulow en 1986, precisamente el año en que en España por Ley se crea el actual título fe odontología.
Revisando los avances de la ciencia, un poco más allá de la crónica oficial de distinciones, puede observar que en la mayoría de los avances científicos y en especial en este nuevo siglo las mujeres han jugado un papel más decisivo que los hombres, pero algo frena el reconocimiento expreso a su papel, evidenciando también aquí, en el mundo de la ciencia, la falta de igualdad en el trato a hombres y mujeres.
En nuestro país, España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, fue aprobada por las Cortes Generales de España, y publicada en el BOE nº 71 de 23 de marzo de 2007, superando los recursos de inconstitucionalidad entonces planteados, principalmente el articulado que afecta a las condiciones de paridad exigida en las listas de las candidaturas a las diferentes elecciones que se producen en España.
Las declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, sobre la intención de obligar por ley a que los consejos de administración de las grandes empresas sean paritarios (al menos un 40% de representantes de un género) ha resucitado el debate de si las cuotas de género funcionan realmente o si, por el contrario, son un instrumento discriminatorio de la mujer que va en contra de su propia valoración.
Esta propuesta no tiene nada de novedosa. Noruega lleva una década con una normativa que obliga a la paridad, y otros estados como Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Alemania, han adoptado esta norma. En España el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas del Ibex 35 se encontraba el pasado año en el 22%, una cifra saludable si tenemos en cuenta que hace diez años no superaban el 6%. Aun así, estamos a distancia del 30% que recomienda el Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del objetivo del 40% que fija la Comisión Europea.
El gran debate esta en si hay que recomendar o hay que obligar, lo cierto es que con las recomendaciones no se consigue superar la situación y los datos son elocuentes. Hay estudios que señalan que la presencia de una sola mujer en un órgano de responsabilidad incrementa la entrada de mujeres en puestos directivos. La explicación es clara, un consejero suele limitar su mirada a los hombres mientras que las mujeres ponen sobre la mesa el nombre de otras mujeres.
El planteamiento ofrecido desde algunos sectores del empresariado es contrario, ocho de cada diez empresas no creen en la imposición de cuotas y plantean que lo necesario es aplicar criterios para que los mejores profesionales ocupen las posiciones que se merecen con independencia del género, y apelan a su autonomía para gestionar las empresas. Desde el sector sindical siempre más próximo a estas decisiones de establecer cuotas se argumenta que la obligación constitucional de conseguir la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas está por encima del principio de la libertad de autonomía de los empresarios.
En nuestra profesión solo tres mujeres han ocupado el puesto de presidenta de un colegio, en la actualidad hay una y otras tres han ocupado u ocupan puesto de presidentas de juntas provinciales. Actualmente en el comité ejecutivo del Consejo General no hay ninguna mujer electa, en el Consejo Inter autonómico una (Álava) y en la Asamblea General tres (Álava, Girona y Tarragona). Otra cosa diferente son las sociedades científicas donde la presencia de mujeres en la presidencia de estas o en los comités organizadores de sus congresos es algo habitual. ●
