Profesor de Gerodontología, Pacientes Especiales y Prostodoncia
Presidente de Comité de Ética en Investigación y Medicamentos UIC
Universitat Internacional de Cataluña
La calidad de los servicios sanitarios, en general, guarda relación con una buena planificación y organización de los recursos económicos y de infraestructura utilizados. También obviamente con la competencia de sus profesionales. La adquisición de esta competencia implica una correcta interacción entre la capacidad del profesional (conocimiento, experiencia, juicio), la tarea que hay que realizar y el contexto en que debe ser realizada y constituye el objetivo último de la formación médica. Hace bien poco el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha publicado el documento ‘Principios Básicos del Desarrollo Profesional (DP) y de la Recertificación de los Médicos Especialistas en Ciencias de la Salud’, y lo ha entregado al Ministerio de Sanidad. Son múltiples y dispersos por la geografía española los organismos, como el Consejo Catalán de la formación en las profesiones sanitarias, que acreditan la regulación y garantizan la coordinación y la gestión de las instituciones de formación continuada, así como los programas y actividades de todas las profesiones sanitarias, incluida la odontología. Con todo el propio consejo General Médico propone una especie de recertificación o de validación para poder seguir ejerciendo con garantías de calidad. No existe profesión alguna (ni abogados, ni ingenieros ni funcionarios y ni mucho menos políticos profesionales) que haya concentrado tanto esfuerzo y energía en su propia formación posgraduada, garantizando la calidad de su trabajo, como los sanitarios. En general en toda la actividad laboral, sea del tipo que sea, hay un grado de preocupación creciente porque los trabajadores se formen de un modo razonable. Esa tutela existe en la sociedad en general (de modo mucho más intenso en las profesiones sanitarias). En justa contraprestación, en el mundo laboral también existe una protección que se basa en que ningún trabajador perciba un sueldo por debajo de unos mínimos. Al margen de la cifra en sí misma, el concepto permite que no haya una explotación del esfuerzo del trabajador por parte del pagador.
“No existe profesión alguna que haya concentrado tanto esfuerzo y energía en su propia formación posgraduada, garantizando la calidad de su trabajo, como los sanitarios”
Acabo de sorprenderme gratamente con una noticia de prensa según la cual “los médicos exigen del Departamento de Salud (En Cataluña) que se ponga orden en las aseguradoras privadas. Parece que acaban de descubrir que las prácticas de algunas de las entidades mutuales pasan por no actualizar baremos desde hace años, por hacer que los profesionales absorban gastos de infraestructura (informática, trámites …) por no pagar muchos de los actos médicos (especialmente en las actividades preventivas a las que tanta importancia damos). ¿Les suena ese problema a los dentistas? En un mercado en el que las entidades de seguros son capaces de “regalar” pólizas dentales al usuario, en un mercado en el que un paciente es capaz de pagar 15 euros (o nada) por una visita, las administraciones, los colegios e incluso los pacientes o las asociaciones que los representan, se ponen de perfil. Parece que la energía en la búsqueda de la calidad asistencial se queda en trabajar el tema de la formación, pero no el de la contraprestación. No deja de sorprenderme. En un mundo en el que se lucha por un salario mínimo sin embargo se niega el establecimiento de un precio mínimo por los trabajos del dentista. Les transcribo lo que dice el artículo 17 el Real decreto 2828 /1998 por el que se aprobaron los estatutos generales de los odontólogos y de su consejo General
“Es de justicia que el profesional obtenga de su ejercicio lo necesario para vivir con desahogo y dignidad. Cuando trabaja al servicio de alguna institución médica, ya sea pública o privada, su contrato deberá asegurarle, además de un sueldo justo y permanentemente ajustado al incremento del costo de la vida, los suplementos salariales necesarios para que pueda enfrentar sin inquietudes los riesgos de la enfermedad o la invalidez, y para obtener también una decorosa pensión de jubilación. Sin embargo, cuando el profesional carece de contrato puesto que es autónomo …. el tema se diluye y las Entidades corporativas tipo Mutuas (algunas) ejercen de facto una posición dominante a la que nadie presta demasiada atención.
“Es de justicia que el profesional obtenga de su ejercicio lo necesario para vivir con desahogo y dignidad”
No se trata simplemente de un conflicto económico, sino del interés común de toda la Colegiación y de los usuarios en general de fijar la conducta ética de los médicos, en este caso de los dentistas, en sus demandas de compensación económica. Muchos han puesto en tela de juicio el carácter deontológico de la existencia de unas tarifas de honorarios mínimas de obligado cumplimiento para todas las entidades del sector privado argumentando que ello es un tema sindical. Efectivamente el tema es sindical. No se trata de disponer de baremos elaborados por las mutuas con criterios absolutamente mercantilistas, sin órgano alguno que regule su actualización y su elaboración coordinando el derecho a fijar sus honorarios con una práctica deontológica ética y equilibrada. No puede haber actos gratuitos o por debajo del costo. Nosotros no cobramos solo por lo que hacemos, cobramos también por lo que sabemos. Precisamente en la raíz de eso está la motivación, que, a todos dentistas y administración, nos parece tan evidente Desgraciadamente los odontólogos privados, como patronos de su propia empresa autónoma, no están constituidos habitualmente en el seno de organizaciones patronales como (AECAD en Cataluña) que puedan defender el derecho a un justiprecio por su trabajo, TODOS sus actos profesionales y desde luego por entregar nuestros conocimientos al usuario. Es ciertamente un problema sindical pero también lo es de conciencia y de calidad asistencial. Conciencia porque el usuario no puede pensar que quien le presta el servicio no cobra por él o cobra menos que lo que le cuesta un menú en cualquier bar. Y además exigirle el nivel de calidad que afortunadamente ya se exige a sí mismo el propio profesional y como pueden ver ahora también las organizaciones profesionales
“el usuario no puede pensar que quien le presta el servicio no cobra por él o cobra menos que lo que le cuesta un menú en cualquier bar”
Así que pueden imaginarse la alegría que me he llevado al ver que un presidente de un colegio profesional sanitario (el de médicos) de mi comunidad ha reclamado públicamente la implicación de las autoridades en el trato económico que algunas entidades mutuales prestan a los profesionales que trabajan para ellas. De repente se me ha ocurrido que quizá esa fiebre podría hacerse extensiva a los colegios de odontólogos y la Administración podría, después de años de mirar de perfil al sector privado (Mayoritario en nuestra profesión), preocuparse no solo de la calidad, de las normativas, sino también de que todos los dentistas puedan cobrar un precio justo y mínimo por cada una de las actividades que realiza. Otra cosa fuera la metodología para conseguirlo. El movimiento se demuestra andando.
