Especialidades en odontología

Fernando Gutiérrez de Guzmán Editor

Reapertura del debate

Estos días nos remite una nota de prensa un conjunto de colegios que, si bien no conforman la mayoría de los colegios, resulta que sí representan a la mayoría de los dentistas colegiados. Merece la pena pararse en este punto, el Consejo de Odontólogos representa a los colegios y son los colegios los que representan a los colegiados, que en virtud de un asimétrico reparto del voto representado hace que la proporción entre capacidad de decisión y número de representados en la asamblea del Consejo General, esté alterada y sólo se equilibre para la contribución económica, que es la única en directa proporción al número de colegiados.

Haciendo un poco de historia reciente de la profesión, recordamos cómo hace más de 25 años, accedió a la presidencia del Consejo el Dr. Villa Vigil, que en su programa destacaba su impulso a la creación de especialidades en odontología. Después de casi veinte años sin lograrlo fue sucedido por quien se consideró su delfín y seguimos sin tener especialidades en odontología.

La nota de estos nueve colegios, que publicamos en páginas interiores, es muy descriptiva de lo que ocurre en el consejo. Años sin reunirse la comisión de especialidades y repentinamente reunión urgente de la Asamblea General de Colegios, para aprobar las alegaciones al proyecto de “R. D. por el que se regula la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud y de los diplomas de área de capacitación específica, el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación”.

 Un Consejo General donde su presidente plantea guardar secreto hasta de las resoluciones judiciales y llena de loas a su persona todos los comunicados, está más próximo a Corea del Norte que a Europa.

Felicitamos a estos colegios que nos comunican lo que pasa en la profesión y que acuerdan unirse para aprobar por unanimidad, en beneficio de una gestión eficaz, para evitar más retrasos en cuestiones tan trascendente para la profesión.

Son muchas las cuestiones a debatir en este asunto olvidado, o secuestrado a la opinión, en los últimos años. Aquí mencionamos alguna para reabrir el debate.

¿Qué especialidades son las prioritarias? ¿Las que disponen de profesionales preparados ya para su ejercicio, o aquellas que nos vemos obligados a remitir a otros especialistas médicos? Aquí proponemos la “medicina oral”. Algunos colegios presumen de establecer acuerdos con la sanidad pública en su comunidad autónoma para referir de forma ágil cualquier lesión sospechosa de la mucosa bucal a los servicios de cirugía maxilofacial, y está muy bien, pero nunca se han preocupado de plantear la creación de esta espacialidad en odontología como un asunto prioritario, eso sí, luchan para que estos compañeros queden excluidos de los implantes.

¿Dónde se impartirán estos estudios? La Universidad parece el lugar más lógico. En odontología no se dispone de grandes centros como los hospitales para el M.I.R. También habría que establecer unos requisitos, con un efectivo control, de las necesidades de los centros que las imparten, tanto personales como materiales, no acabemos viendo como en otras disciplinas, que dirigen cátedras personas sin titulación suficiente para matricularse como alumnos.

¿Cómo se accederá a estos estudios? Nuestra propuesta deberá contar con un generoso y responsable consenso por parte de todas las universidades, tanto públicas como privadas. Un examen nacional único como ocurre en otras disciplinas sería una garantía de igualdad en el acceso.

 Y algo que estos nueve colegios plantean, de ninguna manera servirán para excluir a nadie del ejercicio y las competencias que la Ley 10/1986 establece para el odontólogo.

Con la confianza en el buen hacer de estos colegios y de la Conferencia de Decanos y la gran duda que la administración desgraciadamente nos trasmite, esperemos poder salvar la inacción de quién en más de un cuarto de siglo no logró llegar ni a un consenso mínimo y público en el lado de la profesión.