La iniciativa se desestimó con 150 votos en contra y 118 a favor.
La Cámara Baja dejó sin efecto la propuesta presentada por el PP, que proponía una nueva normativa para garantizar que todas las informaciones comerciales relacionadas con los servicios, prestaciones y actividades sanitarias sean «exactas y verídicas» y no inciten al consumo. En este sentido, la portavoz sanitaria de los populares, Elvira Velasco, ha destacado durante el debate de la iniciativa la necesidad de que todas las comunicaciones comerciales relacionadas con el sector sanitario se ciñan a los criterios de “ética, veracidad y objetividad” necesarios para preservar los derechos tanto de los pacientes como de los usuarios.
Con la presencia en el hemiciclo de los responsables de las organizaciones colegiales de odontólogos, veterinarios, podólogos, farmacéuticos, enfermeros o psicólogos que se habían desplazado a la cámara, la diputada incidió en la necesidad de acabar con la “enorme dispersión normativa” que afecta a la publicidad en el ámbito de salud con una nueva norma. “Frente a actuaciones o prácticas publicitarias engañosas pedimos la toma en consideración de esta proposición de ley”, manifestó.
Esta propuesta trataba de poner fin a prácticas como las recomendaciones de productos, medicamentos o tratamientos que requieren prescripción de un sanitario por parte de personas de influencia en las redes sociales que no disponen de “ningún tipo de conocimiento sanitario”.
Su propuesta tuvo la comprensión de por formaciones como el Foro Asturias, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana o Junts que sí que han visto necesario un nuevo paso normativo. Aunque todos han incidido en la necesidad de enmendar el texto para matizar alguno de sus apartados o para dejar claro el marco competencial de las autoridades.
Más crítico ha sido Ciudadanos qué, aunque no ha cerrado la puerta directamente a una nueva ley, sí que ha insistido en la necesidad de cambiar buena parte del texto para poner el foco en los autores de la publicidad engañosa en lugar de en una amalgama de sanciones. “Creemos que prohibir no es el verbo más liberal”, ha subrayado su portavoz sanitario, Guillermo Díaz.
Partido Socialista, Unidas Podemos y Vox han coincidido en que la legislación existente es suficiente para poder combatir este tipo de prácticas abusivas y han acusado al PP de instrumentalizar el debate.
Desde Unidas Podemos han tratado de poner el foco en un debate entre sanidad pública y privada y han afeado a Velasco que no hubiese apoyado otras iniciativas reguladoras como las que ha lanzado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con la publicidad de los juegos de azar o de las bebidas azucaradas.
La bancada socialista ha sostenido que la publicidad sanitaria debe proteger a las personas con vulnerabilidad social, pero ha apostado por dejar ese debate en manos de un análisis coordinado con las comunidades autónomas. “Podemos estar de acuerdo en el fondo pero no podemos compartir la manera de abordarlo”, ha expuesto su portavoz.
El grupo de Vox ha sido el más duro con la iniciativa popular. Para Alberto Rodríguez Almeida, tanto la Ley General de Sanidad como la Ley General de Publicidad cuentan ya con mecanismos suficientes para hacer frente a esta situación.
