Ante la lentitud de las administraciones públicas en la respuesta “al mayor escándalo dental en la historia de España”
Además de conmocionar al sector sanitario, el caso iDental se ha convertido en una preocupación de primera magnitud para la opinión pública. La quiebra de esta red de clínicas dentales sostenida en la publicidad engañosa y en un imposible y muy deficiente ejercicio profesional ha sacudido la confianza de las administraciones públicas, tanto las ejecutivas como las de justicia, que han estado otra vez excesivamente lentas en la adopción de medidas preventivas. El daño a los pacientes y a la odontología está ya hecho, pero los colegios profesionales no se han dejado amilanar y están liderando una respuesta global a un problema del que ya vienen advirtiendo desde hace tiempo y para el que buscan, de una vez, una solución definitiva.
Texto: Ismael Sánchez
Dentistas con corazón. Así irrumpió en la escena sanitaria la marca iDental, una red de clínicas que prometía democratizar la odontología, mediante un modelo low cost sostenido por subvenciones, ayudas y asistencia social de incierta procedencia.
Comenzaba 2015 y algunos colegios de Odontólogos volvieron a torcer el gesto: ya llevaban tiempo denunciando las prácticas de algunas franquicias y advirtiendo sobre los efectos de la publicidad engañosa y del intrusismo profesional.
Llovía sobre mojado.
La aventura no llegó más allá de junio de este año. El precipitado cierre de 26 clínicas en
toda España era la punta del iceberg de un negocio mal concebido, peor planificado y desastrosamente resuelto, con un goteo de denuncias de mala praxis, reclamaciones por tratamientos incorrectos y, al final, impagos a profesionales y proveedores y fraude a miles de pacientes que comprobaron cómo su salud buco-dental comenzaba a resquebrajarse, además de sus cuentas corrientes. Un completo desatino.
Algunos colegios de Odontólogos fueron los primeros en reaccionar y advertir lo que se venía encima. Y lo hicieron ciertamente pronto, aunque casi nadie les hizo caso. Por ejemplo, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) que, ya en julio de 2015, es decir, apenas seis meses después del inicio de la actividad por parte de iDental, ya se apresuró a denunciar ante la Comunidad de Madrid los indicios de ilegalidad que concurrían en una de las clínicas, concretamente la situada en el número 20 de la madrileña calle de Méndez Álvaro.
El Colegio de la VIII Región también reaccionó con prontitud ante el modelo de funcionamiento de iDental. El Colegio que agrupa a las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora se dirigió formalmente a la clínica sita en la ciudad del Pisuerga para hacer ver a sus responsables la falta de idoneidad de sus prácticas. Corría agosto de 2015 y la denuncia surtió efecto. La clínica quedó clausurada, aunque poco después abrió nuevamente, con el beneplácito de las autoridades competentes.
Aquellas denuncias iniciales tuvieron su continuidad. El COEM se mantuvo vigilante ante las andanzas de iDental y durante 2016, 2017 y 2018 siguió relatando irregularidades en materia de publicidad, de comercialización de los tratamientos, de inexistencia de prácticas correctas de esterilización, de abandono de pacientes y de concurrencia de casos graves de mala praxis. “Dichas denuncias deberían haber recibido una respuesta contundente desde la Administración”, sostienen desde el Colegio.
En la VIII Región, optaron por explorar las posibilidades del ámbito político, según recuerda José Manuel Cuadrillero, gerente del Colegio, en conversación con ODONTÓLOGOS DE HOY: “El presidente de la Junta Provincial de Palencia, Ángel Argüello, conoce al diputado de Ciudadanos Francisco Igea, y comenzamos a transmitirle nuestra preocupación al respecto, la falta de regulación en materia de publicidad. ¿Cómo era posible esta falta de control? Igea se mostró receptivo y no nos detuvimos aquí. Al final, llegamos a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y logramos promover una proposición no de ley que pudiera poner fin a esta situación”. Sin embargo, el movimiento legislativo no tuvo su obligada continuidad en el ámbito ejecutivo: “La Junta de Castilla y León reguló de aquella manera, como se suele decir: claramente insatisfactoria”, recuerda Cuadrillero.
Con todo, el colapso de iDental y sus fatales consecuencias asistenciales solo era una posibilidad cierta para algunos colegios. “Ciertamente, a la Administración no le venía mal el abaratamiento de la odontología que proponía esta red de clínicas. Casi llegaban a defenderla. Espero que aprendan de una vez”, apostilla Javier Fernández Parra, presidente del Colegio de Granada, una corporación especialmente activa en las semanas en las que se desató el escándalo. “Promovimos un acuerdo con Consumo para que los pacientes dejaran de pagar la financiación de los tratamientos al no recibir el servicio. Después, nuestra comisión deontológica se ha reunido casi todas las semanas para atender a los afectados que han acudido al Colegio y ha elaborado un informe preceptivo sobre cada caso denunciado. Esto a veces no se valora ni por los propios compañeros, pero es un trabajo muy importante”.
Los expedientes informativos han sido también otro de los puntos fuertes en la actividad del COEM. De hecho, en los casos que presentaban indicios de infracción de las normas deontológicas, la Junta de Gobierno inició procedimiento sancionador llegando a la suspensión de la colegiación por diferentes plazos, hasta alcanzar los 24 meses en los ejemplos más graves.
“Hay que analizar los expedientes abiertos como en cualquier otra situación”, comenta Fernández Parra. “Y si hay indicios de mala praxis, hay que abrir un procedimiento sancionador. Ahora bien, este caso de iDental es especialmente difícil porque casi todos los pacientes afectados eran atendidos por varios dentistas, y es muy complicado precisar donde empieza y termina la responsabilidad de cada profesional. No había implicación directa de solo un dentista, sino de varios. El modelo de funcionamiento de iDental estaba concebido para que nadie fuera responsable del tratamiento. Era un sistema basado en el engaño”.
Algunos colegios fueron los primeros en reaccionar y advertir lo que se venía encima. Y lo hicieron ciertamente pronto, aunque casi nadie les hizo caso
Y los colegios de odontólogos han sido los más claros en decirlo y denunciarlo. Ojalá sus advertencias hubieran sido más tenidas en cuenta.
Un complicado horizonte judicial
La Audiencia Nacional ha tomado el timón del caso iDental e intentará llegar al fondo del asunto, depurando responsabilidades y tratando de compensar los daños causados a pacientes, profesionales y proveedores. En principio, la investigación se centrará en los delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
La entrada en escena de la Audiencia Nacional se ha producido ante la inhibición de varios juzgados de primera instancia, que habían recibido denuncias, algunas de ellas impulsadas por colegios de odontólogos como el de la I Región: un procedimiento penal, de más de 4.000 folios, “tras una minuciosa tarea de investigación, análisis y documentación”.
Además, ha presentado otra denuncia por la situación de las historias clínicas de los pacientes, dado que las clínicas cerraron sin previo aviso. “Aunque muchos pacientes buscan una solución rápida a sus tratamientos pendientes, desde el Colegio de la VIII Región estamos recomendando acudir a la vía judicial”, dice el gerente José Manuel Cuadrillero. “Hay compañeros odontólogos que se han ofrecido a atender a los pacientes, con precios más reducidos, pero claro respetando en la medida de lo posible sus honorarios habituales”.
Aunque, “una cosa es la causa judicial y otra es el tratamiento”, puntualiza Javier Fernández Parra. “En mi opinión, la vertiente judicial debe primar sobre cualquier frente judicial, sea este penal o civil”.
Una oportunidad única para la profesión
No cabe duda de que el caso iDental ha provocado daños que van a ser muy difícil de
restañar en pacientes y profesionales. Sin embargo, su magnitud y el eco que ha provocado en la opinión pública, no solamente sanitaria, puede ser una buena oportunidad para resolver de una vez el problema de la publicidad engañosa en la salud bucodental. “Hay que hacer una ley de publicidad como Dios manda. En realidad, es muy complicado hacer una publicidad que no sea engañosa”, reflexiona Javier Fernández Parra, presidente del Colegio de Dentistas de Granada.
«Hay que hacer una ley de publicidad como Dios manda»
A su juicio, la profesión se encuentra ante un serio problema que, como suele decirse, puede convertirse en una gran oportunidad de mejora: “El Consejo General debe capitanear y liderar el movimiento de la profesión a favor de una prestación de calidad. Debe ser capaz de hablar claro a la sociedad sobre los tratamientos odontológicos y exigir a los políticos que actúen en consecuencia. Ellos son los primeros que saben que estas clínicas, sin publicidad engañosa, no son nada”.
José Manuel Cuadrillero, gerente del Colegio de la VIII Región, también comparte este parecer: “Espero que a partir de ahora la Junta de Castilla y León tenga una posición más clara y contundente al respecto. Y que la sanidad privada le preocupe un poquito más de lo que le ha preocupado al consejero Sáez Aguado”. ●
Intensiva, pero infructuosa, actividad informativa
El COEM ha liderado la campaña de advertencias y denuncias sobre el caso de iDental. El 
11 de julio celebró una rueda de prensa junto a un colectivo de pacientes afectados para explicar la situación ante la opinión pública. Previamente, había venido emitiendo y difundiendo notas de prensa, así como participando en la elaboración de piezas informativas realizadas por medios generales y especializados que comenzaron a prestar atención al problema. También recurrió a la radio, para el lanzamiento de la campaña Preocupados por tu salud, en la que se alerta a los ciudadanos de prácticas abusivas e ilícitas de determinadas clínicas.
El presidente Antonio Montero ha sido el principal artífice del movimiento del COEM, con su comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid para denunciar el problema de salud pública que provocan las prácticas mercantiles de algunas clínicas marquistas. Además, la corporación ha llevado a cabo multitud de reuniones con representantes de la Administración autonómica, con asociaciones de consumidores y con otros organismos para informar y trasladar la preocupación sobre lo que estaba pasando con iDental. Toda una intensa campaña de concienciación, que ha terminado por ser infructuosa ya que el daño a los pacientes se ha terminado produciendo. Pero no desde luego por la inacción de Colegios como el de la I Región, que desde un principio vio venir el escándalo que se avecinaba.
