En mi artículo anterior, les prometí que me adentraría en los motivos que generaron la interrupción de los exámenes de homologación de los títulos de Grado en Odontología en nuestro país en el año 2019 y que, en cierta forma, justificaron unas nuevas reglas para la homologación que se activaron una vez que superamos la pandemia COVID19.
Ahora cumplo con ese compromiso.
Como ocurre siempre en las situaciones complejas, los motivos de la interrupción aludida fueron multifactoriales, con impacto y consecuencias variables, pero en su conjunto arrolladores. Algunos de los más importantes fueron los siguientes:
Al no estar formalmente obligadas todas y cada una de las Universidades a realizar los exámenes de homologación, muchas de ellas no los realizaban y, con el tiempo, otras más se fueron sucesivamente retirando, quedando muy pocas Facultades que convocaran y realizaran estas pruebas de superación de carencias competenciales. Además, la inmensa mayoría de ellas eran públicas por la razón de que las tasas de examen rondaban entre los 120 y los 180 euros mientras que en las universidades privadas ascendían a los 500-600 euros, lo que, lógicamente, acabó generando un efecto llamada para los homologantes.
Otro de los factores académicos involucrados residía en el hecho de que no todos los profesores universitarios se reconocen la obligatoriedad de realizar preguntas para estos exámenes, ni de proceder a su corrección y a la contestación a las reclamaciones, teniendo en cuenta, además, que en muchas materias se trataba de exámenes dobles: teóricos y prácticos. Para solventar estas situaciones, los Decanatos se veían impelidos a solicitar colaboraciones altruistas a profesores de su confianza, la mayoría de las ocasiones en formato de favores personales para que estas pruebas de evaluación pudieran llevarse a cabo.
También las Secretarías académicas de las Facultades tenían que afrontar extraordinarias dificultades para gestionar auténticos aluviones de homologantes que, pagando unos derechos de exámenes ciertamente reducidos, optaban por realizar matriculaciones múltiples y simultáneas en varias universidades a la vez para tener el máximo de opciones posibles. A ello se unía que, en un elevadísimo número de casos los expedientes universitarios eran extracomunitarios con documentaciones incompletas, multicopiadas sin suficientes garantías o con certificados no estandarizados de carencias supuestamente aprobadas en otras universidades y con dificultades para contactar con los interesados. Todo ello generaba graves distorsiones administrativas.
Finalmente para este apartado, muchos homologantes regresaban a sus lugares de origen o procedencia en cuanto acababan el examen y para conocer el resultado de su evaluación la estricta legislación de protección de datos española impedía publicar las calificaciones en los sistemas informáticos abiertos en la red. A este respecto, hay que tener en cuenta que al no ser los homologantes alumnos oficialmente matriculados en las Universidades, no tenían tampoco la posibilidad de acceder a los portales electrónicos ni a las plataformas institucionales de las Universidades en las que se examinaban para conocer su calificación. Por el mismo motivo, tampoco los profesores disponen de accesos electrónicos a las listas ni a las actas.
En base a estas razones, las pocas Universidades que sí continuaron convocado las pruebas de evaluación fueron acordando restringir el número de homologantes admitidos, tomando como criterio, racional y objetivo, que el máximo número asumible resultara de tomar como referencia el número de alumnos oficiales de nuevo ingreso en el Grado, lo que podía dimensionar de alguna forma la capacidad de sus Secretarías académicas para gestionar los expedientes.
En este contexto y bajo estas coordenadas, desde el año 2018 pero sobre todo y muy intensamente en el año 2019, los representantes ministeriales competentes en la homologación trabajaron con los representantes de la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Odontología (CRADO), reconociendo a los mismos, en todo momento, como legítimos interlocutores. Y, en varias sesiones de trabajo, se acordó acometer importantes reformas en las pruebas de homologación que, por las razones ya expuestas, habían agotado su modelo y, teniendo en cuenta, además el importantísimo aumento en la demanda de homologaciones que ya superaban las 2.500 en tramitación en el año 2019.
Servidora tiene información muy directa y veraz de estos acuerdos gracias a buenos amigos que entonces y ahora se encontraban en la CRADO y comparto con ustedes loas aspectos más significativos de los mismos:
- Salvando todas las distancias que impiden establecer una similitud formal, se tomaría como modelo de referencia el sistema MIR de acceso a las especialidades en Medicina que tantos éxitos ha cosechado y que al tener una marca genuinamente española sería perfectamente extrapolable, de manera que se realizarían pruebas únicas de ámbito nacional, el mismo día, a la misma hora y en la totalidad de las sedes universitarias con Facultad de Odontología.
- Hasta resolver el elevadísimo volumen de homologantes pendientes, se podrían realizar dos convocatorias anuales.
- La convocatoria de las pruebas la realizaría la CRADO, así como sus plazos y reglamento de las mismas. Participarían todas las Universidades públicas y privadas de España con un cupo de admisión de homologantes restringido limitado al número de alumnos de nuevo ingreso en el Grado matriculados en cada universidad cada año.
- Los homologantes sólo se podrían inscribir en una única Universidad en cada convocatoria, siendo causa de exclusión la matriculación simultánea en dos o más Universidades. La matrícula para las pruebas se realizaría en las Secretarías académicas de cada Facultad en los plazos establecidos por la CRADO.
- La dirección de la elaboración de los exámenes correspondería a una Comisión delegada de la CRADO para facilitar las garantías de confidencialidad y seguridad en el proceso.
- Los exámenes serían únicos para todo el territorio nacional con una parte teórica y otra parte práctica si procediera y se realizarían de forma síncrona y simultánea en todas las Universidades españolas con homologantes inscritos.
- Todos los exámenes serían tipo test, de 30 preguntas para cada carencia, con puntos negativos proporcionales para el fallo, siendo necesario un 70% de puntos totales para superar las pruebas, ya que se trata de verificar si las carencias en competencias profesionales han sido ampliamente superadas por los homologantes de manera que pueda justificarse la habilitación directa para ll ejercicio profesional sobre pacientes en las respectivas áreas.
- Las preguntas serían elaboradas por profesores expertos de las Universidades españolas, con un temario y bibliografía previamente publicado por la CRADO y dando cumplimiento a criterios de rotación y proporcionalidad establecidos por la CRADO, con garantías de máxima confidencialidad y seguridad.
- Todas las preguntas deberían tener el mismo nivel de dificultad y complejidad que el exigido a los estudiantes españoles del Grado.
- Las alegaciones, reclamaciones e impugnaciones serían resueltas por la Comisión delegada de la CRADO con el concurso de los profesores universitarios autores de las preguntas.
- La confección de los cuadernillos de preguntas y de las plantillas de examen sería realizada y sufragada por el Ministerio a través de las agencias y empresas con las que trabajaban.
- La distribución de los cuadernillos de preguntas y la recogida de las plantillas de examen cumplimentadas sería realizada y sufragada por el Ministerio con garantías de seguridad.
En base a estos Acuerdos, hasta la fecha y con no pocas dificultades se han celebrado tres pruebas de homologación desde el año 2021. Si somos sinceros, hemos de reconocer que el nuevo sistema implantado no ha sido asumido por los colectivos de homologantes que expresan cada vez con mayor insistencia y presión su desacuerdo al Ministerio y a la propia CRADO. El Ministerio plantea sus dudas con respecto al escaso número de aprobados en las pruebas reguladas por este procedimiento. Y a juicio de las Universidades (CRADO), el nuevo modelo es válido, justo y adecuado, aunque siempre perfeccionable, para lo que se requeriría un enfoque diferente por parte de los homologantes en su preparación para superar las pruebas y un mayor compromiso por parte del Ministerio con concesión de una mayor prioridad a la problemática planteada. Sobre todo, porque el número de homologantes, como ya tuvimos ocasión de analizar en la primera parte de mi análisis, roza la cifra de 6.650, con lo que prácticamente triplica el número de plazas ofertadas por las 26 Facultades de Odontología públicas y privadas existentes en España, suponiendo más de un 15% de la totalidad de dentistas españoles colegiados en la actualidad.
Ya ven, problema complejo, miles de implicados, diversas instituciones afectadas, multitud de factores involucrados, expectativas inciertas, demandas legítimas, pretensiones desorientadas y graves de riesgos de desestabilizar aún más la profesión odontológica en nuestro país. A Ingrid Bergman y a Humphrey Bogart en la película Casablanca siempre les quedó París… a nosotros, al menos esa es mi humilde opinión, siempre nos quedará la CRADO.
